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por Gumisai
Mutume
WASHINGTON, nov (IPS) Más de 350
organizaciones no gubernamentales (ONG) de 45 países acusaron
a agencias de crédito para exportación de apoyar proyectos
en países en desarrollo que se llevan adelante mediante prácticas
de corrupción.
Las ONG, firmantes de la Declaración
Junio 2000 de Yakarta por la Reforma de Créditos Oficiales
para Exportación y Agencias de Seguros de Inversión, presentarán
sus acusaciones y reclamos en la materia al Grupo de Créditos
para la Exportación de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE).
El planteo será realizado este mes en París, durante una reunión
de la OCDE, integrada por países industrializados.
Las agencias de créditos para exportación (ACE) son instituciones
financieras con respaldo público, que brindan préstamos, servicios
de garantía y seguros de riesgo a fabricantes e inversores
para hacer negocios fuera de sus países de origen.
Gran parte de las operaciones de las ACE respaldan la venta
de servicios o de bienes de capital, por ejemplo maquinarias
o aviones. Las ONG afirmaron que en muchos casos esas ventas
son aseguradas mediante el pago de sobornos en los países
en desarrollo compradores.
Numerosos proyectos en países en desarrollo financiados por
las ACE han tenido consecuencias humanitarias o ambientales
desastrosas, y algunos de ellos son investigados por corrupción.
Las ACE de países industrializados proveen 100.000 millones
de dólares anuales para financiar proyectos, y las ONG sostienen
que muchas de esas agencias no analizan el impacto humanitario
y ambiental de los proyectos que respaldan.
El valor total de los créditos brindados por las ACE supera
al de los otorgados por instituciones financieras internacionales
como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI),
pero las agencias no habían sido hasta ahora objeto de críticas
comparables con las recibidas por el banco y el FMI.
Las ONG pedirán a la OCDE que los exportadores que solicitan
créditos oficiales firmen una declaración en la cual se comprometan
a no realizar pagos ilegales en los proyectos para los cuales
pidan financiamiento.
Las ONG quieren que las agencias estén obligadas por la ley
a investigar si los proyectos que apoyan implican prácticas
de corrupción, y a suspender acuerdos si se comprueba que
la existencia de tales prácticas.
También piden que el contenido de los proyectos respaldados
por las ACE sea accesible a los parlamentos y a la sociedad
civil.
El Banco Mundial estima que el pago de sobornos en operaciones
económicas internacionales puede ascender en la actualidad
a unos 80.000 millones de dólares anuales.
Tres consorcios internacionales, nueve compañías privadas
y tres empleados de firmas constructoras de diques son juzgadas
en Lesotho bajo la acusación de haber pagado un soborno de
2.000 milones de dólares al ex responsable del Proyecto Acuífero
para las Tierras Altas de ese país.
El Banco Mundial, que financió parte de ese proyecto, lleva
a cabo una investigación interna para establecer si hubo funcionarios
de esa institución involucrados en el soborno, pero las ACE
de países de la OCDE y de otras naciones que respaldaron el
proyecto en Lesotho no han adoptado medidas.
Las ACE "Se trata de entidades que hacen caso omiso de la
ley y se cubren unas a otras del escrutinio público. No es
fácil conseguir que sus actividades sean reguladas", declaró
John Sohn, de la ONG ambientalista Amigos de la Tierra.
En febrero del año pasado entró en vigencia la Convención
de la OCDE para Combatir el Soborno de Empleados Públicos
en Transacciones Internacionales de Negocios, en el cual se
establece que el pago de esos sobornos a funciohnarios extranjeros
es un delito penal.
Varias ONG han criticado que esa convención no obligue a las
ACE a anular créditos o garantías otorgados a proyectos que
impliquen sobornos.
El soborno a funcionarios extranjeros para lograr contratos
es habitual en países industrializados, en especial en sectores
vinculados con el comercio de material bélico y las obras
públicas, afirmó en un documento de trabajo sobre corrupción
Ditter Frisch, de la ONG Transparencia Internacional, con
sede en Berlín.
Frisch señaló que el valor de los sobornos es registrado en
términos contables como "comisiones" e incluido en el monto
total del contrato correspondiente, cubierto por la garantía
y válido para deducir impuestos.
También indicó que el monto de las indemnizaciones a exportadores
por contratos de seguros cubre las sumas pagadas por esas
"comisiones" que son en realidad sobornos, las cuales suelen
representar entre 10 y 20 por ciento del valor de los contratos
y a veces más.
"No podemos hablar por otras agencias, pero nosotros siempre
hemos tratado de mantener la transparencia y tenemos abundantes
datos disponibles en nuestros sitios de Internet (la red munidal
de computadoras", aseguró Timothy Harwood, de la ACE Overseas
Private Investment Corporation.
Otras ACE consultadas por medios de comunicación no respondieron
o indicaron que los empleados que podían responder no estaban
presentes.
Este año, la ACE Corporación Canadiense para el Desarrollo
de las Exportaciones fue acusada de respaldar proyectos cuyas
consecuencias fueran desastrosas o que implican graves peligros.
Esa corporación financió el proyecto de la mina Marcopper
en Filipinas, donde un masivo derrame de residuos causó el
mayor desastre industrial de ese país, que obligó a evacuar
cinco aldeas y a desplazar a 20.000 personas.
El derrame causó la pérdida total de la vida acuática y la
productividad biológica en las áreas afectadas, según una
investigación de la Organización de las Naciones Unidas.
Las ONG señalaron la responsabilidad de esa ACE canadiense
en proyectos de instalación de reactores nucleares que han
tenido fallas en diversos países, y en el Proyecto Hidroeléctrico
Urra de Colombia, que destruyó las fuentes tradicionales de
alimentación de la comunidad indígena embera katio.
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