El precio por cuidar la Tierra

Ambientalistas, una especie amenazada

Por Marwaan Macan-Markar*

Ken Saro-Wiwa de Nigeria y Chico Mendes de Brasil fueron asesinados a causa de su lucha por proteger el entorno. Como ellos, decenas de activistas ambientales en países de África, Asia y América Latina sufren abusos de parte de gobiernos y corporaciones, denuncia Amnistía Internacional.

CIUDAD DE MÉXICO.- Piensen en el sufrimiento de Ka Hsaw Wa. Fue arrestado y torturado por la junta militar que gobierna Myanmar (ex Birmania) por documentar la forma en que se está construyendo en su país un gasoducto de gas natural.

Este activista de la comunidad Karen, una de las minorías étnicas de esa nación del Sudeste Asiático, se interesa en particular por las violaciones de los derechos humanos y abusos cometidos contra el ambiente, en relación con un proyecto que cuenta con el respaldo de inversores extranjeros, entre los que se incluyen empresas multinacionales de Estados Unidos y Francia.

Ka Hsaw Wa reveló pruebas de cómo el ejército de Myanmar - que fuera "contratado para proporcionar seguridad para el proyecto" - se ha embarcado en una serie de abusos contra los derechos de los nativos que viven en aldeas cercanas al proyecto.

De acuerdo con Sierra Club, una organización ambientalista con base en Estados Unidos, dichos abusos incluyen detenciones arbitrarias, intimidaciones, torturas, violaciones y ejecuciones sumarias.

Sierra Club también declara que Ka Hsaw Wa y su equipo han documentado el costo ambiental que significa este proyecto, que incluye grandes talas, caza de elefantes y tigres y tráfico ilegal de vida salvaje.

"Cualquiera que sea atrapado investigando el gasoducto o incluso dentro de la región del gasoducto sin autorización, enfrenta la tortura, violentas represalias y la muerte", señala Katie Redford, directora de Earthrights International, un grupo ambientalista con base en Estados Unidos.

Sin embargo, ese tipo de abusos contra los activistas ambientales no se limita a Myanmar. Tal como lo revela la filial estadounidense de la organización no gubernamental de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), este es un patrón preocupante que se pone de relieve cada vez más en distintas formas en varios otros países.

"En muchas partes del mundo, los gobiernos y corporaciones están en connivencia para violar los derechos de los activistas ambientales en nombre del desarrollo económico y el progreso", afirma Folabi Olagbaju, director del programa ambiental y de derechos humanos de AI en Estados Unidos.

Más aún, estas violaciones persisten incluso luego de las manifestaciones internacionales de repudio que siguieron a la muerte de Ken Saro-Wiwa y otros ocho activistas ambientales en Nigeria en 1995.

Saro-Wiwa, líder del Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP por sus siglas en inglés) y otros ocho líderes Ogoni, fueron colgados por el gobierno nigeriano de Sani Abacha por realizar protestas pacíficas en contra de la destrucción ambiental provocada por las operaciones de Royal-Dutch Shell, el mayor exportador de petróleo de Nigeria.

"Shell fracasó en su intento por usar su gran influencia sobre el gobierno nigeriano para detener la ejecución", agrega Olagbaju.

Y antes de Saro-Wiwa fue Chico Mendes, el activista brasileño defensor de la selva amazónica que fuera asesinado en 1988 por quienes tenían intereses en las actividades "madereras y de tala", según AI.

Para esta organización, los activistas ambientales de Asia, África y América Latina se han convertido en una especie que necesita ser protegida.

Y en un esfuerzo por atraer la atención sobre dichas víctimas, dos de los cuales han sido declarados "prisioneros de conciencia" por AI, se está llevando a cabo una campaña para dar a conocer otros 10 casos en Ecuador, México, Nigeria, Kenia, Chad, Camerún, Rusia, India, Birmania y China.

Lanzada el 10 de noviembre pasado, la campaña incluye además de AI a Sierra Club y Earth Day Network y pretende "sacar a la luz los lugares donde se cometen abusos contra los derechos humanos de los activistas ambientales y así tomar inmediatamente las acciones del caso para detener dichos abusos".

De acuerdo con AI, esta campaña se realizará durante cinco meses y finalizará el 22 de abril de 2001, el Día de la Tierra. A lo largo de la misma, el foco de atención de la campaña cambiará periódicamente para poner de relieve la situación de los ambientalistas que están "bajo la mira" en los diez países.

Entre los identificados se incluyen Ka Hsaw Wa, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera de México, Aleksandr Niktin de Rusia y la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) de Ecuador.

Además, también se pondrá de relieve el activismo de mujeres como Medha Patkar de India. Por 15 años, ha sufrido arrestos y ataques físicos por parte de la policía debido a sus esfuerzos para dirigir un movimiento popular contra la construcción de una represa en el río Narmada.

También se reconoce a la profesora Wangari Maathai de Kenya, quien repetidamente ha sido atacada y encarcelada por su lucha para salvar la selva de Kenya contra su parcelamiento en aras del "desarrollo".

De hecho, para Maathai, la distinción entre temas ambientales y derechos humanos cesó durante la lucha emprendida. En una declaración a Sierra Club señaló que "cuando se comienza a trabajar seriamente en temas ambientales, la arena pasa a ser los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos ambientales, los derechos de los niños, es decir, los derechos de todo el mundo".

"Una vez que se comienza a realizar estas asociaciones, ya no se puede seguir simplemente plantando árboles", agrega.

De acuerdo con Alejandro Queral, director del programa ambiental y de derechos humanos de Sierra Club, hay pruebas suficientes para responsabilizar a las fuerzas de seguridad de los respectivos países como principales perpetradores de los abusos.

"En Birmania, Nigeria, México, India y la mayoría de los otros casos en los que estamos trabajando, la policía y el ejército han sido directamente responsables de las violaciones de los derechos humanos", declara.

También hay pruebas de la complicidad de las corporaciones en dichos abusos. "A veces, las corporaciones que trabajan en el área pagan a estas fuerzas de seguridad para que protejan sus instalaciones, lo que lleva a cometer abusos en contra de los derechos humanos. El ejemplo más obvio es el caso de Shell en Nigeria", agrega.

Para Queral, dicha complicidad de las corporaciones surge del clima económico global. En esta era de globalización económica, sostiene, los acuerdos de libre comercio han otorgado a las corporaciones "derechos demasiado generales y arrolladores, que dificultan las tareas de hacerlos responsables por los mismos".

Los activistas defensores de la tierra, agrega, "pueden causar un gran impacto sobre los planes de recaudación de ganancias de las corporaciones, por lo cual a menudo son vistos como una amenaza".

Y para Redford, la situación en Myanmar ejemplifica la dirección del camino tomado por las multinacionales con la ayuda del respaldo de los gobiernos. Este camino, señala, ha desembocado en la "degradación ambiental" y "brutales abusos contra los derechos humanos" de personas como Ka Hsaw Wa que desafían esas acciones cometidas so pretexto del "desarrollo".


* El autor es corresponsal de IPS.

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