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por Danielle
Knight
WASHINGTON, dic (IPS) El bloqueo de
las negociaciones para reducir la emisión de gases causantes
del cambio climático fue una clara derrota de la lucha por
la protección del ambiente, aunque el año finaliza también
con un triunfo: el acuerdo inicial para abandonar el uso de
algunas sustancias peligrosas.
Aún pesa el fracaso de las negociaciones
en La Haya para finalizar los detalles del Protocolo de Kyoto,
un tratado de 1997 que obliga a los países a reducir la emisión
de los gases que provocan el recalentamiento de la atmósfera
terrestre.
Si bien hubo algunos progresos para hacer
del protocolo un acuerdo aplicable, la Unión Europea acusó
a Estados Unidos de distorsionarlo. Las conversaciones en
La Haya se suspendieron a fines de noviembre sin resoluciones.
El siguiente intento en Ottawa no suscitó ningún consenso.
La ruptura de las negociaciones en La
Haya "representa el tremendo fracaso de los gobiernos para
responder a la creciente demanda pública en torno del recalentamiento
global", según Alder Meyer, director de relaciones gubernamentales
de la Unión de Científicos Preocupados.
No obstante, aunque los gobiernos mostraron
lentitud respecto del Protocolo de Kyoto, no hicieron lo mismo
con las sustancias químicas peligrosas. Activistas elogiaron
a mediados de este mes el borrador final que acordaron 122
países para abandonar el uso de algunas de las peores sustancias
químicas.
El pacto elimina 12 contaminantes orgánicos
persistentes considerados los más peligrosos, entre ellos
ocho pesticidas, dos solventes industriales y dos sustancias
químicas producidas por combustión y procesos fabriles.
La exposición a contaminantes orgánicos
persistentes se vincula con daños a la flora y fauna silvestres
y con enfermedades humanas, como cáncer, endometriosis, desórdenes
de aprendizaje y anomalías hormonales.
El tratado indica que las dioxinas liberadas
por la incineración de residuos y por industrias que usan
cloro deberán ser eliminadas.
Compañías y gobiernos debían reemplazar
productos, materiales y procesos de fabricación que liberaban
dioxinas con sustitutos no contaminantes.
El tratado sobre contaminantes orgánicos
persistentes se basó en el principio de precaución enarbolado
por ambientalistas de todo el mundo, según el cual la falta
de certezas sobre los efectos de innovaciones científicas
debería frenar su implementación.
Kevin Stairs, asesor político de la organización
no gubernamental Greenpeace Internacional, dijo que el acuerdo
constituye una señal clara para las industrias, que deben
reformarse y "dejar de usar la Tierra como campo de pruebas
para sus peligrosos contaminantes".
"El grifo que derrama contaminantes orgánicos
persistentes en nuestro ambiente debe ser cerrado", afirmó.
Mientras aplauden el éxito del tratado
sobre contaminantes orgánicos persistentes, coordinado por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), algunos activistas
advirtieron que una disposición lanzada este año por el mismo
foro mundial amenaza al ambiente.
En julio, el secretario general de la
ONU, Kofi Annan, en conjunto con el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y la oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (UNHCHR), lanzaron
el programa "Pacto Global".
Se trata de una asociación entre la ONU
y 50 de las principales corporaciones globales, entre ellas
Shell, BP Amoco, Nike y Dupont.
Las compañías podrán usar el logotipo
de la ONU si ponen en vigor nueve principios emanados de acuerdos
internacionales sobre condiciones de trabajo, derechos humanos
y protección ambiental.
Los ambientalistas cuestionan el hecho
de que las compañías mejoren su imagen mediante el uso del
logotipo de la ONU, a pesar de la inexistencia de mecanismos
que obliguen a cumplir con el pacto.
"El Pacto Global ha sido una sofisticada
respuesta de relaciones públicas al movimiento de Seattle,
que pretende ponerle freno al poder corporativo", dijo Kenny
Bruno, un estudioso asociado al Centro de Acción y Recursos
Transnacionales, grupo radicado en California.
Bruno se refería a las manifestaciones
multitudinarias de protesta realizadas en noviembre y diciembre
de 1999 en la ciudad estadounindense de Seattle mientras se
celebraba la fracasada conferrencia ministerial de la Organización
Mundial de Comercio.
La ONU prefirió el Pacto Global en lugar
de "encarar medidas sustanciales en torno de las actividades
corporativas y su impacto sobre el ambiente", agregó el activista.
Por otra parte, el esperado informe de
la Comisión Mundial sobre Represas patrocinada por el Banco
Mundial, divulgado en noviembre, confirmó las críticas presentadas
durante décadas por los ambientalistas contra estas construcciones.
El informe también afirmó que las represas
no lograban dar a la población los beneficios prometidos,
devastaban las vidas de millones de pobres que se veían obligados
a dejar sus hogares y degradaban el ambiente.
El dictamen fue aprobado por la unanimidad
de los 12 integrantes de la Comisión Mundial sobre Represas,
entre los que figuran representantes de las comunidades afectadas,
de los constructores de diques y de los gobiernos.
Si los constructores de represas las
entidades que las financian siguieran las recomendaciones
de la Comisión, "la era de los diques destructivos llegaría
a su fin", declaró Patrick McCully, director de campañas del
grupo californiano Rivers Network.
Pero los activistas sufrieron un grave
en octubre, cuando la Corte Suprema de India decidió permitir
que se reanudaran la construcción del dique Sardar Sarovar,
sobre el río Narmada.
Los opositores de la obra dicen que
el proyecto y su infraestructura amenazan con desplazar a
500.000 personas, la mayoría campesinos pobres e indígenas.
Decenas de miles de hectáreas de tierra cultivable, bosques,
templos antiguos y cementerios serán sumergidos.
Decidida a salvar sus hogares y medios
de sustento, la organización Narmada Bachao Andolan (Salven
el Narmada) continúa organizando y protestas para detener
el proyecto.
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